Entre Ríos se ubicó en una buena posición en el ranking de inversión educativa

Entre Ríos consiguió ubicarse en una buena posición en el ranking de inversión educativa: en los tres primeros años de aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo superó las metas propuestas. 
Así se desprende del informe “La apuesta de invertir para una mejor educación: evaluando la Ley de Financiamiento Educativo en la Argentina 2006-2010”, redactado por Alejandro Vera, coordinador del programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y consultor de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación de la Presidencia de la Nación; y Rocío Bilbao, analista del Programa de Educación de Cippec. 
La inversión por alumno de escuela estatal en la provincia está próxima a los 4.000 pesos, en tanto que el gasto educativo sobre el gasto total supera el 25 %. En inversión por alumno está por encima del resto de las provincias que conforman la Mesopotamia (Corrientes y Misiones), pero está a años luz de Tierra del Fuego, que destina 12.475 pesos. Aunque en gasto educativo sobre gasto total, está a la par de Córdoba. 
La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005 pero que se aplica efectivamente desde 2006, “modificó la estructura del financiamiento de la educación e introdujo cambios significativos en las relaciones políticas y financieras entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales (las provincias)”, según Cippec. 
La norma puso como norte aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en un período de cinco años. Y para cumplir ese cometido, tanto la Nación como las provincias asumieron compromisos específicos en incrementar los recursos destinados al área. 
Pero si bien hubo un incremento significativo en la inversión educativa promedio en todo el país, una mirada más detenida permite descubrir serias desigualdades. No todas las jurisdicciones aplicaron igual compromiso: la organización descentralizada del sistema educativo en un país con grandes desigualdades regionales, escriben los especialistas, genera profundas brechas en la capacidad de inversión educativa de los gobiernos provinciales. 
“La ley ha logrado avanzar en la institucionalidad del financiamiento de la educación y ha permitido un crecimiento sostenido de la inversión. Sin embargo, durante su vigencia, las brechas de inversión entre las jurisdicciones se mantuvieron estables”, sostienen. 
Aunque además de objetivos financieros la ley impuso objetivos educativos, y entre éstos, la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños de 4 años de edad; la obligatoriedad escolar desde los 5 años hasta la finalización del nivel secundario; y llevar gradualmente a todas las escuelas primarias a ser de jornada completa. 
Aquí la provincia tiene algún déficit: no logra universalizar las salas de 4 años –cada año, los papás hacen “colas” para anotar a sus hijos en las salas de nivel inicial– y tampoco ha podido ampliar los servicios de escuelas de jornada completa: hoy hay 30 establecimientos con esa modalidad sobre casi 3.000. 
La meta financiera –alcanzar el 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología en el año 2010–, sí se ha logrado: en 2006 las provincias superaron la meta definida, un 4,4% por encima de aquel 6%; en 2007, ese margen se redujo a 3,4%. En 2008, nuevamente volvieron a superar la meta y, en este caso con un margen del 11,9%. En Entre Ríos fue, respectivamente, del 1,45%; 5,38%; y 12,58. 
No todas las provincias acompañaron esa tendencia: según Cippec, entre estas están La Rioja, Salta, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero. 
Pero así como la inversión en educación es fácilmente medible, no resulta del todo sencillo establecer si los objetivos educativos se cumplieron. “Desafortunadamente, los objetivos educativos de la Ley de Financiamiento Educativo no tienen la misma precisión que los financieros. A su vez, esta ambigüedad dificulta la existencia de metas claras a nivel provincial”, señala el Cippec en su estudio. 
Otro punto que destaca el organismo es el índice de información o difusión sobre los mecanismos de financiamiento educativo existente. Durante 2007, 2008 y 2008, la Nación alcanzó el puntaje máximo, 10, no así las jurisdicciones provinciales: en estas, la media fue, respectivamente, 5,4; 6,0; y 7,2. En cambio, en Entre Ríos fue de 8; 8; y 10 en esos tres años.