El Estado provincial busca establecer la cantidad de tierras fiscales que posee

Entre Ríos tiene una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados –66.976 de tierra firme y 11.805 kilómetros cuadrados de islas y tierras anegadizas–, y buena parte de esas tierras son de dominio público aunque el Estado no tiene un organismo que revele cuántos están efectivamente en posesión oficial, y cuántas miles de hectáreas han sido apropiadas por los particulares. 
Hay de igual modo un dato revelador: sobre un total de 190 mil hectáreas que la Provincia posee en la zona de las islas del Delta del Paraná, 100 mil han sido apropiadas de modo irregular por privados, hecho que hace casi dos años desató una disputa en los tribunales, que todavía no se cierra. Pero no es el único pleito: la Escribanía Mayor de Gobierno está por estos días en procura de regularizar la posesión de los terrenos donde se levanta el Hospital San Antonio, de Gualeguay. 
Pero el caso más reciente es el del Parque Escolar Enrique Berduc, construido sobre un predio donado al Consejo de Educación en 1928 por el filántropo Enrique Berduc: en 1949 la Municipalidad llevó a remate una fracción de 3.600 metros cuadrados por supuestas deudas impositivas, y en esa subasta se presentó un particular que adquirió el predio. El Estado provincial dice que aquella venta es “nula”, aunque los privados aducen que tienen los documentos que prueban la titularidad. Sesenta años después, la polémica estalló y todavía no se sabe cómo va a concluir el pleito, ni cómo se hará para frenar que el Parque se destace en pequeñas parcelas. 

Control 
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, admitió a El Diario que hay intersticios en la Administración que permiten esos desatinos: que un privado se apropie de un bien público, y lo inscriba como propio. Y que eso es posible por una situación peculiar: no hay un único organismo que controle qué sucede con las tierras que son de dominio público en Entre Ríos. 
En el Ministerio de la Producción está la Dirección de Tierras Fiscales, que sólo tiene injerencia en lo que sucede con los predios ubicados en las zonas de islas; a su vez, está la Escribanía Mayor de Gobierno, que interviene en cada conflicto que se suscita en torno a la posesión; también la Unidad de Control de Inmuebles (UCI), un organismo casi sin estructura; y la Fiscalía de Estado, que actúa cuando la cuestión es de difícil resolución y se debe actuar a nivel judicial. 
En abril de 2009 se conoció un dictamen firmado por el fiscal de Estado, que puso freno a una práctica que hasta entonces era corriente: un privado se asentaba en tierras de dominio público, y después de un tiempo, legalizaba esa posesión mediante un trámite de rutina ante la Dirección de Catastro, primero, y la Dirección General de Rentas, después. Ese mecanismo había posibilitado la posesión por parte de privados de vastas extensiones de tierras fiscales: en el Delta, la mitad de las tierras fiscales. 
En aquel dictamen, Rodríguez Signes ordenó frenar ese tipo de transferencias por cuanto se trataba de bienes “imprescriptibles” sobre los cuales “no es posible fundar ninguna posesión de parte de los particulares”. 
Ese dictamen sostuvo que las denominadas tierras fiscales son “bienes públicos”, y “los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”. Y que por eso mismo están “fuera del comercio”, con dos características esenciales: “inalienabilidad” e “imprescriptibilidad”, es decir que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado. 
Claro que el desguace ya se había consumado en distintos puntos de la geografía provincial. Por eso el fiscal de Estado opina que debe avanzarse hacia un punto donde haya un único organismo, con estructura suficiente, que ordene la situación de las tierras fiscales, y ejerza un control estricto, para evitar las apropiaciones privadas. 

El 11 de mayo último, el Poder Ejecutivo dictó el decretó Nº 1.186 que planteó varios ejes de trabajo: en primer lugar dejó sin efecto todos los contratos de arrendamientos por el cual se habían cedido parcelas en las islas del Delta a particulares en el marco de la Ley de Arrendamiento, que ya había sido considerada “inconstitucional”; además, ordenó instrumentar un plan de regularización de tierras fiscales; e instruyó a la Policía de Entre Ríos a ejercer “todos y cada uno de los actos que sean necesarios para la defensa de la propiedad y la efectiva posesión por parte del Estado” de las tierras de dominio público. 
Pero aquel plan de regularización todavía no se ha puesto en marcha, aunque de igual modo el Gobierno habilitó otra vez el uso de parcelas en las islas del Delta de Victoria mediante permisos precarios a pequeños productores que antes los habían arrendado. El decreto Nº 2.868, firmado por el gobernador Sergio Urribarri el 26 de agosto último, dispuso que hasta que se reglamente el uso productivo de las islas fiscales, “corresponde otorgar permisos de uso de inmuebles de dominio público a los efectos de su explotación productiva”.